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‘RUÉGALE A DIOS QUE SÍ SEAN LICENCIADOS, CABRÓN...’
11.12.2023 03:37 am
Por: GPS Dominical
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“Ruégale a Dios que sí sean licenciados, cabrón. De perdida, porque si no, ya valimos madre...”, le dijo el presidente del entonces Supremo Tribunal de Justicia del Estado, hoy Tribunal Superior, al que entonces era secretario general de Gobierno hace algunos sexenios.
Fue la respuesta del magistrado al número dos de Palacio de Gobierno, al recibir la instrucción precisa de que el gobernador quería a fulanitos en Juárez, menganos en Parral, sutanos en Chihuahua, de juzgadores de primera y segunda instancia en el Poder Judicial del Estado.
“No, nada de que valimos madre. Si no son, hay que hacerlos ser y parecer. El cero-uno no preguntó si eran abogados, nos dio la instrucción de que sean jueces y magistrados”, así, directo pero cortesmente, respondió el funcionario caracterizado por acatar al pie de la letra las instrucciones de su jefe, sin avasallar a los demás.
La llamada cruzada fue un sábado ya muy tarde, casi a las 11 de la noche. En ese entonces no había horario de oficina ni vacaciones con desconexión digital en la cúspide del poder estatal; las órdenes se daban y acataban sin importar los tiempos de la siempre lenta burocracia.
Acordaron reunirse al siguiente día, en domingo a las ocho de la mañana, para revisar los perfiles de los ahijados que había recomendado el mandatario estatal y darles toda la formalidad requerida. Para empezar que fueran y parecieran abogados. No le iban a generar vergüenzas ni problemas a su jefe.
Ellos marcaron los tiempos, le dieron forma legal a la decisión política tomada e incluso orientaron a su gobernador en aspectos que debería reconsiderar. Él atendió unas recomendaciones y desechó otras en esos momentos en que prefería la verticalidad permitida en la plenitud de su poder.
La historia es real, con algunos datos ficticios de los cargos judiciales que estaban en juego, y relatada por uno de los protagonistas, pero no tiene permitido GPS revelar los nombres ni las fechas exactas. Sólo puede decirse que fue de los últimos años en que el jefe del Ejecutivo podía hacer lo que quisiera en los demás poderes.
Ni cerca estaba la reforma en derechos humanos de 2011 ni a las normas del amparo, cada vez más amplias, a veces hasta el grado de lo absurdo; pero, además, tampoco carecía el jefe del Ejecutivo de los suficientes operadores con oficio para hacer lo que le decidía en ejercicio de sus facultades legales... y extralegales.
Pueden descartarse de la anécdota, por lo tanto, las últimas dos administraciones tan similares en sus formas y en el tacto político de elefante, la de César Duarte y la de Javier Corral; además de la actual que encabeza por primera vez una mujer en el estado, Maru Campos Galván.
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Viene a cuento la breve historia por los tumbos en el cuestionado proceso de selección de magistrados para llenar las vacantes de siete salas civiles, penales y familiares del Tribunal Superior de Justicia del Estado, entrampado en la justicia federal casi de la misma forma que ha sucedido en los dos gobiernos anteriores.
Una reforma constitucional de hace más de un año, impugnada en el más alto tribunal del país, eliminó el examen contemplado en la era moderna del Poder Judicial como elemento indispensable para seleccionar a quienes deben ocupar los cargos más importantes del sistema de impartición de justicia estatal.
Ni antes ni ahora, los diputados de la mayoría albiazul, que hoy coordina Alfredo Chávez, cuidaron las formalidades del proceso legislativo. Ni fue ni pareció una reforma favorable y necesaria.
Tampoco en el Poder Judicial, a cargo de la magistrada Myriam Hernández, se ocuparon de llenar esas vacantes. Ahí sí ganaron las pugnas internas y el cómodo horario de oficina pública, además del pretexto de que no había luz de Palacio para ocupar esos espacios, como si no supieran que en política los vacíos siempre se llenan.
Muy alejado de esa reforma, llegó el proceso de selección en modo turbo. Una comisión integrada por Andrés Pérez Howlet, del Ejecutivo; el magistrado José Alfredo Fierro, del Judicial; y Alfredo Chávez, del Legislativo, sacó en fast-track el procedimiento para integrar las ternas, pero el madruguete fue a las frescas 12 del mediodía.
Llegó a aderezar la ensalada mal hecha el amparo de una jueza cuestionada por su sumisa actuación del gobierno anterior, Alejandra Ramos, cuya visión de la justicia incluye negarle atención médica en plena pandemia a un recluso que terminó siendo parte de la estadística mortal del Covid.
La preeminencia del Ejecutivo es una condición vital del sistema político vigente, más allá de los discursos y las simulaciones. Pero el cuidado de las formas y el fondo también son condición indispensable; eso terminó siendo dejado de lado en lo que es el no evitado fracaso en la operación de una decisión política.
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El ser y el parecer también es condición indispensable en la vida pública. Marca el equilibrio, congruencia y coherencia de una marca que busca venderse ante el mercado, en este caso la sociedad.
Más allá de la parte jurídica y la decisión de eliminar los exámenes de conocimientos -que también pueden convertirse en un batidero cuando manosean la justicia gente como Javier Corral o su gran asesora Lucha Castro- la selección de las ternas no denota ese necesario cuidado de la forma.
La escena vista durante la semana, donde el coordinador de los diputados morenistas, Cuauhtémoc Estrada, cuestiona a la exdiputada verde María Ávila Serna -sin más méritos para ocupar una alta posición en la judicatura- y ella no atina a responder, es clara muestra de esta falta de cuidado.
A lo mejor la exdiputada es licenciada en derecho, pero no lo parece. A lo mejor en algún supuesto, por alguna condición extraña o alguna necesidad del poder, sería magistrada, pero también sin parecerlo.
¿Cuántas Marías Ávila habrá en esos 18 nombres propuestos para seis de las siete salas vacantes en las ternas confeccionadas, pero no bien operadas?
El sistema político nacional, efectivo en la lógica del poder aunque desequilibrado entre la realidad y el discurso de la autonomía de los poderes Legislativo y Judicial, no admite sorpresas. La simulación natural lleva a ciertos escenarios en los que pueden ser válidas esas designaciones, pero no por ello pueden obviarse las formas que les dan legitimidad.
Aquí cabe un paréntesis, por las similares circunstancias, de lo que ocurre en el proceso para seleccionar comisionados del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), ante el fin del periodo de Alejandro de la Rocha, Amelia Martínez y Rodolfo Leyva.
Los padrinos del más de medio centenar de aspirantes que se registraron para entrar a ese juego, conducido desde el Congreso del Estado -con menos tumbos, hasta ahora, del que tienen las magistraturas- no parecen haberse preocupado de ese ser y parecer.
De muestra están las calificaciones del examen de conocimientos, ahí sí normado y aplicado, de quienes quedaron lejos del 40 por ciento del valor de la evaluación, pero curiosamente les dieron muy alta calificación en la valoración del currículum y la entrevista, proyectándolos como favoritos. Todo fue bien hasta que apareció la mano negra. Hasta la excandidata a gobernadora por el PRI, Graciela Ortiz, sigue metiendo las manos a través de Alejandro Domínguez.
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Es una realidad, los cargos públicos como los de magistrados o comisionados de transparencia pocas veces los ocupan los más idóneos; más bien, son ocupados por quienes mejor cubren una necesidad del poder por un acuerdo, una negociación, el pago de facturas y favores o hasta un capricho de quien lo ejerce.
Están ahí porque el poder político los necesita ahí; y el poder tiene que hacer cualquier cosa para cubrir esa necesidad. Punto.
Sin embargo, eso no significa que quienes vayan a ocupar los cargos puedan ser los menos preparados y confiarse a su amistad, cercanía, compadrazgo con quienes toman las decisiones; es mejor si se acercan a esa idoneidad legal, pues les sirve para legitimar una decisión política.
Menos significa que los encargados de operar esa decisión carezcan del obligado oficio político, ante otra realidad evidente: las reglas del juego han cambiado mucho precisamente en la última década. A lo mejor ha sido para bien, pero de ahí que el Ejecutivo haya quedado tan acotado en las decisiones sobre los demás poderes y en particular en el Judicial.
Los escándalos que trajeron los oxigenadores de Duarte y el batidero judicial de Corral tienen como causa ese cambio en las reglas, sobre todo en materia de amparo, así como la falta de conducción de quienes debieron ejecutar lo conducente para cubrir esas necesidades del poder, con la congruencia entre el ser y el parecer.
El callejón en el que está el proceso actual puede quedarse uno o dos años más entrampado en la justicia federal, a causa también de la falta de entendimiento de la nueva realidad y la carencia de los talentos necesarios tanto de los elegidos como de los encargados de darle forma a las decisiones de los electores.
Fuente: eldiariodechihuahua.mx
manuelgandaras@gmail.com
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Por: Dr. Fernando A Herrera Martínez |
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