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PRIMERO LOS POBRES… PERDIERON LA SALUD
02.11.2023 03:23 pm Compártelo en:

“La atención médica paso de ser un derecho a una mercancía barata”: Salomón Guzmán Rodríguez. 
Desde la antigüedad, el derecho a la salud ha sido considerado como uno de los más esenciales para el bienestar humano. A través de las décadas, distintos gobiernos han promovido sistemas de salud que aseguren este derecho para su población. No obstante, recientes cifras y estudios indican que en México, este derecho fundamental está en serio riesgo.

En retrospectiva, el Seguro Popular nació en 2003 con una promesa clara: garantizar que el gasto en salud no desembocara en una crisis económica para las familias de bajos recursos por un lado, y que todos los mexicanos tuvieran un conjunto de servicios esenciales de salud garantizados, así como grupo de enfermedades que requerían especialistas y tecnología de alto nivel costo garantizadas por un fideicomiso multianual que fuera aumentando el número de padecimientos catastróficos por él cubierto. Su misión era clara: equilibrar el acceso a servicios de salud entre quienes tenían un empleo formal y quienes no. No obstante, con la llegada del Instituto Nacional de Salud del Bienestar (INSABI) en 2020, el panorama comenzó a oscurecerse.

El informe más reciente del INEGI en su encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares (ENIGH) 2022 presenta un panorama desolador que demuestra claramente que fueron -y seguirán siendo- primero los pobres los que perdieron acceso a los servicios públicos de salud y comprometieron su patrimonio cayendo en mayor pobreza para atender a sus familiares.

Aquí las evidencias: el porcentaje de la población más pobre (decil 1) que no estaba afiliada al seguro popular en el año 2018 fue del 24%, mientras que en el año 2022 fue del 76%, es decir, 5.3 millones de personas en las condiciones más pobres dejaron de tener el servicio de salud tan siquiera básicos a través del INSABI, antes seguro popular.

En un análisis compacto hecho por Salomón Guzmán para fines académicos se pueden agrupar por ingreso como clase baja (CB) los deciles 1 a 3, clase media (CM) decil 4 al 7 y clase alta (CA) del decil 8 al 10, los hallazgos son los siguientes: Los porcentajes de población no afiliada al seguro popular en la CB en el 2018 fue del 31.6% y en 2022 fue del 79.3%, es decir, 16.3 millones de personas de clase baja dejaron de tener los servicios esenciales de salud con el INSABI.

En la CM en 2018 con el seguro popular fue del 54.6% y en 2022 del 86.4%; es decir, 18.5 millones de personas de clase media dejaron de tener los servicios esenciales de salud a través del INSABI. En la CA en 2018 fue del 77% y en 2022 del 92.7%; es decir, 5.5 millones de personas de clase alta dejaron de tener los servicios de salud a través del INSABI.

Estas cifras, estimados lectores, se traducen en millones de familias que, a pesar de encontrarse en una situación económica precaria, no tienen la seguridad de un servicio de salud digno y eficiente. A nivel nacional, la situación no mejora. Datos desglosados muestran que estados como Aguascalientes, Oaxaca y Tlaxcala, entre otros, han sufrido incrementos alarmantes en la falta de afiliación al sistema de salud y los servicios esenciales que el INSABI -y ahora el SS-IMSS-Bienestar- no han entregado. Sin duda, el más afectado es el ciudadano de a pie, aquel que día a día lucha por un mejor futuro para su familia.

A este desolador panorama, se suma la creciente insatisfacción con la calidad del servicio ofrecido por las instituciones de salud gubernamentales. Falta de medicamentos, personal médico insuficientemente capacitado, largas horas de espera y, en muchos casos, corrupción, han llevado a que muchas personas prefieran, incluso a costa de su economía, acudir a servicios de salud privados. En términos reales, esto se traduce en un incremento en el gasto de atención médica de hasta el 51% para la clase baja entre 2018 y 2022.

La ironía reside en que, mientras el gobierno actual se autodenomina como humanista, los datos evidencian una contradicción abrumadora. La atención médica, lejos de ser un derecho, se está convirtiendo en un lujo que solo unos pocos pueden costear.

México, país rico en cultura, tradiciones y gente trabajadora, merece un sistema de salud a la altura de sus necesidades. Es imperante que las autoridades tomen cartas en el asunto y reformulen políticas públicas que aseguren el bienestar de su población. Es un llamado urgente a repensar y actuar, porque la salud no debe, y no puede, esperar.

*Éctor Jaime Ramírez Barba es médico especialista en cirugía general, certificado en salud pública, doctorado en ciencias de la salud y en administración pública, y es diputado reelecto del grupo parlamentario del PAN en la LXV Legislatura.




Autor: Éctor Jaime Ramírez Barba
Fuente: eleconomista.com.mx
manuelgandaras@gmail.com



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25/07/2024
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