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LOS PUNTOS MÁS “PREOCUPANTES” DE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO
13.08.2019 07:30 am Compártelo en:

Abogados, académicos, representantes del sector privado y hasta integrantes del Congreso de la Unión advirtieron que esta ley violenta la presunción de inocencia, el respeto a la propiedad privada e incluso será fácil objeto del cuestionamiento de su constitucionalidad a través de amparos.  
Pese a que diversos sectores de la sociedad advirtieron la necesidad de revisar con más profundidad la Ley Nacional de Extinción de Dominio e incluso hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para vetar el documento, éste fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado viernes y ya se encuentra en vigor.

Abogados, académicos, representantes del sector privado y hasta integrantes del Congreso de la Unión advirtieron que esta ley violenta la presunción de inocencia, el respeto a la propiedad privada e incluso será fácil objeto del cuestionamiento de su constitucionalidad a través de amparos.


La ley define la extinción de dominio como la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación a los bienes cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y que sean objeto o producto de ilícitos como delincuencia organizada, secuestro, delitos en materia de hidrocarburos y petroquímicos, delitos contra la salud y trata de personas.
También los bienes producto de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, extorsión, estarían sujetos a este procedimiento.

Uno de los puntos más señalados de esta ley es el artículo 227 que establece que las autoridades podrán proceder a la venta o disposición anticipada de los bienes sujetos a proceso de extinción de dominio, con excepción de los que las autoridades consideren objeto de prueba e imposibiliten su destino.

Los primeros en señalar a la debilidad de estos puntos fueron los propios integrantes de la Cámara de Diputados que, finalmente, por mayoría de votos aprobaron la Ley sin muchos cambios.

“Lo que estamos aprobando en este dictamen, es dar al Estado una carta abierta para disponer de los bienes de una persona incluso sin que exista sentencia firme que muestre que el bien decomisado fue obtenido por actos ilícitos. Esto podría ser discrecional, y digo podría porque pudiese ponerlo como un acto de no justicia”, advirtió Tatiana Clouthier, el 25 de junio pasado, durante la sesión extraordinaria en San Lázaro.

El último párrafo del artículo 16 de esta Ley, también ha sido sujeto a cuestionamientos toda vez que establece que las personas que contribuyan de manera eficaz o que en forma efectiva contribuya a la obtención de evidencia para la declaratoria de extinción de dominio, o les aporte, podrá recibir una retribución de hasta 5% del producto que el Estado obtenga por liquidación y venta de tales bienes.

¿Y el interés público?
Este artículo atenta contra la naturaleza propia de la extinción de dominio “ya que debe prevalecer el interés público sobre el interés particular y solo el Estado debe ser beneficiado”, apuntó la diputada Lorena Villavicencio Ayala, del grupo parlamentario.

“Lo que me preocupa es que este tipo de acciones se hagan de manera discrecional con el afán de afectar a alguna persona. Y lo digo con toda claridad porque yo no creo que tengamos el gran Ministerio Público todavía en este país y que esto no se preste a otro tipo de acciones que no tengan como finalidad el combate a la delincuencia organizada, como lo pretende esta Ley de Extinción de Dominio”, apuntó.

Asimismo, se establece que el procedimiento se aplicará de “forma supletoria”, es decir respecto al procedimiento se aplicará la ley en materia civil federal; en lo relativo a la administración, la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes, en relación a la regulación de Bienes, lo previsto en el Código Civil; y en aquellas actuaciones a cargo del Ministerio Público, el Código Nacional de Procedimientos Penales.

De acuerdo con especialistas este diseño jurídico podría ser cuestionado por su inconstitucionalidad.

Dichos bienes podrán disponerse en favor de las dependencias y entidades de la administración pública federal, la Fiscalía General de la República y los gobiernos de las entidades federativas y municipios, según lo determine el Gabinete Social de la Presidencia de la República, sin embargo, esta figura ha sido motivo de señalamiento debido a que los lineamientos bajo los que operará se consideran laxos, lo que podría derivar en el uso discrecional de los recursos.



Fuente: Forbes
manuelgandaras@hotmail.com
ES



 



 
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