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JAUREGUI ROBLES Y LOS PODERES FACTICOS.
Por: Manuel Gandara
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POR: MIGUEL A. CERVANTES G.

Un nuevo poder ha surgido producto del cabildeo, del poder económico, de la corrupción, que limita derechos de la población ha creado su propia estructura, operan pervirtiendo la ley, se mezclan entre la sociedad, tienen como objetivo sustituir los poderes que la sociedad legalmente instituye para arrebatar la libertad y establecer sus propias leyes destruyendo los libres mercados.
Cada vez más la sociedad pierde espacio público, al dar paso a estos grupos que son apadrinados desde las altas esferas del gobierno, su poder crece como tumor maligno, al poner las instituciones a su servicio. Al grado tal de influir en la vida nacional su poder se extiende y arrasa con la democracia creando complejas redes que protegen sus intereses.
La Secretaria General del Estado de nuevo hace un llamado a la ciudadanía a regresar a la legalidad, en respuesta a la fuerte presión que ejerce la AMDA, de frenar la importación de vehículos extranjeros si bien el llamado de vivir en legalidad es positivo.
Esto implica que también las instituciones se deben ajustar al marco jurídico existente y no solo obligar al ciudadano hacerlo, si bien es cierto que la constitución mexicana, tiene mayor jerarquía que los tratados internacionales, estos acuerdos deben respetarse.
Los acuerdos que la nación firma como país soberano, obligan tanto a ciudadanos como a autoridades a darles cumplimiento, dentro del TLCAN se estipulan fechas y reglamentos que permiten a los mexicanos importar vehículos usados modelo 2015 y anteriores libres de arancel. Sin embargo, los grupos facciosos manipulan los mercados usan a los gobernantes para crear impuestos, barreras arancelarias y no arancelarias que los favorecen y dificultan la importación ya convenida en el acuerdo internacional.
El gobierno está maniatado a dar cumplimiento a este tratado, protegiendo intereses de distribuidores de Autos, (AMDA) es una medida unilateral tomada desde el gobierno, donde el ciudadano queda en total indefensión.
El ciudadano percibe que el gobierno por cumplir la petición del grupo seria perjudicado con maquinaciones de la asociación de distribuidores, exhibiendo al gobierno interesado en favorecer a grupos con poder de mercado que utilizan su influencia en el gobierno para intervenir el mercado de autos y eso no es impartir justicia.




 
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