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LA FISCALÍA GENERAL ES MUCHO MÁS GRANDE QUE LOS QUE TEMPORALMENTE LA ENCABEZAN
Por: Manuel Gandara
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HABLANDO Y ESCRIBIENDO
POR ERNESTO AVILÉS MERCADO
-Con la solidaridad, admiración y respeto a Paty Mayorga-

El muy lamentable asesinato de la señora Matilde Gil Herrera, se viene a sumar a la serie de crímenes que diariamente se presentan en toda la entidad sin que se tenga todavía la capacidad para detener esta permanente tendencia hacia la alza de los niveles de criminalidad, que han colocado a Chihuahua y Ciudad Juárez, nuevamente en la lista de las ciudades más peligrosas del mundo.
Nuestra sociedad está viviendo una de las peores etapas en su desarrollo, porque la delincuencia se ha empoderado en muchos lugares, aprovechando la reducida capacidad de las corporaciones policiacas, tanto para prevenir los delitos, como para perseguirlos, lo que además genera una percepción muy alta de impunidad, que también trae como consecuencia, la reducción de los niveles de credibilidad y confianza de la ciudadanía para sus instituciones.
La Fiscalía del Estado, es una de las dependencias más importantes de todo el aparato gubernamental, porque su principal función es la de procurar justicia, pero hasta el momento, sus resultados no han sido del todo favorables y por el contrario, han sido objeto de señalamientos de maltrato, revictimización, incapacidad y de actuar con falsedad, concretamente en el caso del homicidio de la maestra Matilde Gil Herrera.
Personalmente considero que la Fiscalía del Estado, es mucho más grande e importante que los errores o fallas que pudieran tener quienes ocupan de manera temporal la titularidad de esta institución.
Dentro de la fiscalía, colaboran arduamente todo un equipo de profesionales que diariamente dan su mayor esfuerzo, trabajando más allá de sus horarios normales, en condiciones que no son siempre las adecuadas, porque no cuentan con todo lo que requieren, y sin embargo, continúan trabajando.
La carta abierta que publica la familia Aguilar Gil en contra de la Fiscalía, debe analizarse a detalle, porque si bien son expresiones que evidencian y denuncian malas conductas por parte de algunos funcionarios, los protocolos que rigen la actividad ministerial se presentaron conforme lo establece la ley, porque de haber actuado de manera diferente; es decir, con retención ilegal de personas, hubiera sido violatorio de los derechos humanos del que es señalado como presunto autor intelectual, lo que equivaldría a que ya no fuera posible fincarle responsabilidad por este delito.
Sin embargo, este señalamiento que hace la familia Aguilar Gil, debe ser aprovechado para que desde el Congreso del Estado, donde participa Rubén Aguilar, se puedan aprobar mayores recursos a la Fiscalía, para dotarlo de las herramientas necesarias para que pueda llevar a cabo su función de procurar justicia.
La Fiscalía del Estado no es la Secretaría de Salud donde los bonos se reparten a discreción y jamás faltan recursos para satisfacer las necesidades personales de los que la integran.
Resulta inverosímil que la Fiscalía haya sido la única dependencia de Gobierno donde los funcionarios de la anterior administración no hayan desviado recursos, cuando fueron miles de millones de pesos los que se recibieron y jamás se tradujeron en apoyos materiales suficientes, o beneficios directos a los empleados.
La falta de gasolina para los vehículos, papelería y demás artículos de oficina, es una constante en las dependencias del Ministerio Público, donde además no se reciben aumento salarial desde hace más de 18 años, y a pesar de que la propia constitución establece que los salarios de los defensores de oficio y los Agentes del Ministerio Público deben ser iguales, actualmente con lo que recibe mensual un defensor, se paga el salario de dos ministeriales.
Recientemente, en una reunión del Fiscal Peniche con los custodios del CERESO, les dio a conocer una buena y una mala; la primera que se había autorizado un incremento salarial para los empleados de gobierno, y la mala es que no estaban contemplados para recibirlos.
Los uniformes nuevos que portaban cada vez que venían a verificar los niveles de acreditación del Centro de la Rehabilitación, los tenían que devolver una vez que se iban los agentes revisores; todavía se tienen que comprar por parte de los custodios los uniformes que portan.
De los bonos que se autorizaban a nivel Nacional para los custodios, jamás llegaron a las manos de ellos, sino que se desviaban para otros fines, porque no puede entenderse que se hayan aplicado para lo que fueron autorizados; ya que hay que recordar que los paros que se presentaron por parte de los propios custodios, fueron para exigir su pago, el cual en varias ocasiones fue realizado con cheques que no contaban con fondos suficientes.
En la revisión que se pueda hacer por parte de quienes tienen la responsabilidad de vigilar el buen uso y administración de los recursos de la fiscalía, se debería de transparentar si el techo financiero que se ejerció fue el correcto, y en caso contrario, cual es el estatus que guardan las investigaciones, porque ni están todos los que son, ni son todos los que están.
Ojalá y que esta pérdida irreparable que se ha presentado en la familia Aguilar Gil, pueda servir para que con su influencia en la política nacional y particularmente en el Congreso del Estado, pueda ser un detonante para que en el próximo proyecto de ingresos que se apruebe, sea la fiscalía la que pueda recibir más recursos que le permitan contar con las herramientas necesarias para responder adecuadamente a las necesidades y exigencias de la ciudadanía (netoaviles@gmail.com)




 
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